Brihet en diálogo con El Chacarero señaló que “La Red PBA, que hoy está conformada por más de 90 instituciones de Argentina, se construyó tras un camino largo recorrido. Se trata de una mesa de trabajo con integrantes del orden público y del privado interesados en las buenas prácticas agropecuarias”.

Entre ellas se encuentran "instituciones públicas como el Estado Nacional con su Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente,  el INTA, el Senasa participando activamente. Toda la academia con universidades públicas y privadas y también instituciones y entidades del sector privado como asociaciones de productores, cámaras de la industria, del exportadores, de corredores, de acopiadores, bolsas de comercio y de cereales, colegios y concejos de profesionales".

Un montón de actores todos trabajando hace más de seis años

Relató Brihet que "la red se creó en abril de 2014. Este año cumplimos 6 años y seguimos cada vez más fortalecidos. Un espacio de diálogo entre instituciones y mucho respeto también de las personas a pesar de las diferencias. Es un gran espacio para construir consensos".

Esta semana, dieron a conocer un proyecto que es producto "de dos años de trabajo de la mesa técnica específica de normativas y de fitosanitarios que ha trabajado específicamente para armar un proyecto de ley nacional sobre fitosanitarios".

Señaló además que "un paso que nos está faltando muchas veces" en muchos municipios y provincias "es el de convocar a esta mesa de todos los actores, de poner toda la información disponible y, en base a eso, tomar decisiones".

"Cuando entramos en las discusiones, lo primero que se dice es hablar de metros. Entonces, cuanto más metros mejor. Y creo que eso, sinceramente, es un error. De hecho, este proyecto toma esa preocupación, la analiza, pone en evidencia toda la información para todas las regiones de Argentina y se proponen instancias de no aplicación de fitosanitarios, Es decir, una zona sensible que parte del ordenamiento territorial". Por ello, el proyecto propone que "el ordenamiento territorial de cada municipio esté actualizado, que puedan decir cuál es la zona urbana, cuáles son los ríos o arroyos, cuáles son las escuelas, etc.".

"Sobre eso, diferenciar 10 metros más para aplicaciones terrestres de fiitosanitarios y 45 metros más para aplicaciones aéreas. Y luego, una zona de amortiguamiento en donde se cumplan todas las buenas prácticas. Es decir, los requisitos específicos de aplicación", subrayó.

ESTE PROYECTO PREVÉ EL CONTROL

Además, manifestó "que haya fiscalización, que haya control. Y que cuando las cosas se hagan mal, que haya sanción. Este proyecto prevé el control y la sanción como dos figuras claves".

El proyecto de ley toma como figuras clave a los municipios "y estas mesas de diálogo que invitamos a convocar. El municipio define el ordenamiento territorial y después se lo comunica a la provincia, que es la autoridad de aplicación. El rol de las provincias siempre es prioritario y fundamental".

Resaltó que lo importante de que haya una regulación nacional es "que ordena y regula todo el marco sobre una base mínima. Quiere decir que todos los municipios van a tener la misma base mínima para la aplicación de agroquímicos. Creo que sería un gran paso como país".

Brihet adelantó que "los municipios que ya tienen legislación no se van a ver modificados por este proyecto. Esta es una ley de presupuestos mínimos, con lo cual las provincias y los municipios que ya no tengan legislación, no se tienen que adecuar a eso, sino que van a tener quizás una vara más alta en algunos de estos requisitos. Y sí seguramente le sume otras herramientas".

UN PROYECTO QUE ORDENA EN UNA BASE COMÚN

Puso de relieve que "algunas provincias han hecho un gran trabajo lo que es la interjurisdicción. Es muy importante porque le dice al contratista o al asesor que tiene que ir de una provincia a la otra o de un municipio a otro, que va a tener las mismas reglas, los mismos controles y esas mismas sanciones. Un proyecto que ordena en una base común, una base mínima para la aplicación de agroquímicos, le da seguridad a todas las personas de que las cosas se están haciendo según dice la ley, se están controlando, y eventualmente se va a sancionar. Segundo, al productor o el asesor que quiere producir, le da seguridad de que la ley es esa y las reglas son esas. Con lo cual, si hace las cosas como dice la ley no va a haber problemas. Y al municipio y a las provincias, le da herramientas para tener ese ordenamiento normativo y no tener que estar solucionando y atendiendo distintas demandas y conflictos".

PRESENTACION DEL PROYECTO DE LEY 

Durante esta semana estuvieron presentando el proyecto de ley "con el Ministro de Agricultura de Nación y también con distintos legisladores de distintos espacios políticos. Es un proyecto que no tiene la firma de un partido sino que es apolítico. Obviamente, después algún legislador va a tener que ingresarlo, pero la idea es que lleve la mayor cantidad de firmas y que tenga el apoyo real de distintos espacios políticos".

El ingeniero agrónomo expuso que "más allá de las discusiones del tipo del sistema productivo que se elija o hacia dónde queremos ir como país, si usar más o menos fitosanitarios, más o menos insumos, lo primero que tenemos que hacer para empezar esa discusión es ordenar el gran desorden que tenemos hoy en muchos territorios del país. A nivel técnico, es un proyecto muy sólido y de experiencia de muchos años, de gente que vive el problema permanentemente y quiere soluciones reales”. 

“Hubo 90 instituciones que se sentaron y se pusieron de acuerdo. Esto no quiere decir que todos pensamos igual y creo que eso es lo más valioso. Cada uno tiene su propio punto de vista pero nos pudimos poner de acuerdo en una base mínima para todo el país, todas las regiones y todas las producciones. Creo que es un gran paso que podemos lograr si seguimos por este camino". Concluyó Brihet.