El objetivo del programa es contar con una política agroalimentaria que "contribuya al desarrollo sostenible, promoviendo su adopción por parte de los productores agropecuarios, instrumentando, para ello, un sistema de incentivos".
La ley respalda un programa que ya existe y que reparte unos $130 millones anuales no reintegrables; alcanza a 300 productores, el 70% de los cuales no son dueños de los campos.
Las buenas prácticas se definen como "el conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal involucrado, con el fin de propender al desarrollo sostenible".
El sistema incluye dos aportes económicos no reintegrables del Ejecutivo: uno dirigido a todos los productores agropecuarios que desarrollen actividades productivas bajo estas características y el otro destinado a instituciones, entidades y organizaciones que colaboren y participen en la implementación, difusión, ejecución, promoción y desarrollo del programa.
La ley contó con el apoyo de todos los bloques menos de la izquierda. El oficialista Gustavo Eslava aclaró que el ingreso es "voluntario y responsable" y que la norma representa la "decisión política de poner recursos para premiar las buenas acciones".
El radical Víctor Lino la definió como "de avanzada" y oficializó el acompañamiento a la iniciativa y Martín Fresnada, de Córdoba Podemos, apuntó: "Hay que saber convivir y esa convivencia tiene que ver con los diferentes modelos productivos. Existe el agronegocio pero también existe la agricultura familiar".
Desde la izquierda Ezequiel Peressini indicó que la legislación es "la máscara de cordero con la que van disfrazar al lobo. Van a transformar en ley un programa que hace tres años que funciona, y por medio de la cual el gobierno le entrega diplomas de buenas prácticas agropecuarias a productores que fumigan escuelas".
De la sesión participaron, además de los ministros de áreas productivas, representantes de las 50 entidades del sector productivo que integran el denominado Consejo Consultivo de Buenas Prácticas Agropecuarias; docentes y alumnos de colegios que este año validaron prácticas en el programa y fueron sus beneficiarios; profesionales y dirigentes provinciales y nacionales de organismos y gremios de diferentes sectores relacionados con la producción agropecuaria.
