La decisión de un juez que declaró “parcialmente inconstitucional” el decreto 2.239 del gobierno entrerriano, que organizaba la aplicación de agroquímicos, volvió a dejar vigente un fallo que prohíbe las pulverizaciones terrestres a 1.000 metros de una escuela y las aéreas a 3.000 metros.
Por eso, este martes un grupo de productores entrerrianos se concentró en la sede del Poder Judicial de Entre Ríos en Paraná y se reunió con Emilio Castrillón, presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
“No hay jueces en contra del campo ni que se opongan a que se produzca, pero es difícil llegar a un punto medio. Lo mejor sería ponerse de acuerdo en el sistema de producción”, les planteó Castrillón.
Luego del encuentro, Mariela Gallinger, presidenta de la filial Crespo de Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que la decisión que van a tomar estos cinco jueces va a afectar el futuro de miles de familias que viven en el campo.
El que el fiscal de Estado entrerriano apeló el fallo que declaró “parcialmente inconstitucional” el decreto del gobierno y ahora la decisión final vuelve a quedar en manos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
“Las consecuencias de este fallo son impensadas y no han tenido en cuenta que los verdaderos damnificados son los productores”, insistió Gallinger. Los productores proponen apostar a un sistema de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que garantice pulverizaciones seguras.
La Sociedad Rural de Entre Ríos también participó del encuentro. “Las distancias restrictivas del fallo nos afectan a más de 3.000 familias de productores que vivimos en el campo y que quedamos sin posibilidad de trabajar con la tecnología que está avalada por los organismos de ciencia y técnica nacionales”, advirtió la entidad.
Los productores estiman que la prohibición vigente deja improductivas 330.000 hectáreas (pulverizaciones terrestres) y casi un millón de hectáreas en el caso de las aplicaciones aéreas.
El periodista entrerriano Danilo Lima, que cubrió la reunión, contó que Castrillón planteó que sería interesante plantear el tema en una audiencia pública, lo que deja abierta la puerta a una eventual mediación que siente en una misma mesa a las partes en pugna en esta interminable disputa.
Las entidades que presentaron los recursos de amparo para frenar las pulverizaciones cerca de las escuelas son el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Angmer).
