La Red de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), integrada por Bolsas de Cereales, organismos públicos y entidades privadas vinculadas al sector agropecuario; lanzó un documento denominado “Recomendaciones para normativas de departamentos, municipios y partidos que regulen sobre aplicaciones de productos fitosanitarios”.
Se trata de un modelo de ordenanza para que las autoridades locales puedan tomar como base a la hora de sancionar sus propias normativas para regular el manejo y aplicación de agroquímicos en las zonas periurbanas.
En Córdoba, ya existe una Ley de Fitosanitarios que oficia como marco para que los municipios adhieran y sancionen sus propias ordenanzas, aunque en la práctica cada localidad establece sus propias condiciones. Este documento de la Red BPA intenta sumar una nueva herramienta para acabar con los conflictos campo-ciudad que ocurren regularmente por el temor al riesgo de las pulverizaciones.
Objetivos
Según informaron desde la Red BPA, esta iniciativa “tiene por objetivo compatibilizar el cuidado de la salud y ambiente con la producción agropecuaria y agroindustrial”.
“Surge al detectar que en distintas localidades crece la preocupación sobre los potenciales efectos negativos de las prácticas realizadas en el campo. La divergencia de perspectivas con respecto a cuestiones que tienen que ver con la actividad del agro, puede llegar a tomar proporciones desmesuradas e, incluso, puede generar enfrentamientos entre vecinos. Por este motivo que se elaboró el documento, a fin de que los funcionarios locales cuenten con apoyo y soporte para el proceso de redacción de normativas que apunten a abordar y resolver conflictos entre diversas posturas, contando con una herramienta con base científica, elaborada por un conjunto de instituciones que conforman el sector agropecuario y agroindustrial”, añadieron.
Para Ramiro Costa, coordinador de la Red de BPA, este cuerpo de recomendaciones “contempla las responsabilidades de cada uno de los actores involucrados en el manejo y la aplicación de productos fitosanitarios; además, sugiere sanciones para aquellos que no cumplan lo establecido y atenten contra el bienestar de la sociedad”.
“Para lograr este objetivo es necesario el compromiso de todos, especialmente de las autoridades, en la capacitación, control y fiscalización”, agregó Costa.
Alcances
Entre otros aspectos, la propuesta de la Red BPA es que las áreas protegidas sean de 0 a 100 metros del ejido urbano para aplicaciones terrestres, y de 200 metros para pulverizaciones aéreas.
Además, sugiere que las fumigaciones deben ser informadas con 48 horas de anticipación ante las autoridades, acompañadas de la correspondiente receta fitosanitaria que incluya fecha, hora, lote, dosis, principio activo y cultivo; para que pueda procederse a la correspondiente fiscalización.
