La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a una cautelar autónoma que buscaba suspender las pulverizaciones con glifosato en la Argentina, según informó el portal Diario Judicial.
Según señaló el portal, la Justicia rechazó en autos "Gimenez, Alicia Fany y Otros s/ EN- Ministerio de Agroindustria y Otros s/ Medida Cautelar (Autónoma)" una cautelar de un grupo de ciudadanos que demandaron a las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos, el Consejo Federal de Medio Ambiente y a las empresas Monsanto Argentina, Dow AgroSciences, Nidera y Syngenta.
La Justicia determinó una "evidente dificultad probatoria" a la hora de probar la existencia "de efectos nocivos" para el ambiente y la salud con el uso de organismos "genéticamente modificados".
El grupo de ciudadanos había pedido la suspensión provisional de "la comercialización, venta y aplicación de productos que contengan glifosato y sales derivadas".
El pedido -consignó el portal Diario Judicial- fue rechazado en Primera Instancia porque se consideró que no estaban dadas las condiciones para ordenar la suspensión de los efectos de las resoluciones que autorizaron la comercialización de semillas genéticamente modificadas. Se destacó que los actos administrativos que intervino la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) dieron cuenta de que el organismo genéticamente modificado "no generaba un impacto sobre el ambiente que difiriese significativamente del que produciría el organismo homólogo no modificado genéticamente".
Los camaristas Sergio Fernández, Jorge Argento y Carlos Grecco señalaron que los organismos estatales con competencia en la materia "han informado sobre la inexistencia de daño ambiental significativo, en tanto los riesgos en el agroecosistema no eran significativamente diferentes de los inherentes al cultivo no genéticamente modificado".
"En la etapa inicial que se halla el proceso, no se advierte que las circunstancias base del planteo de autos aparezcan prima facie acreditadas, ni menos aún que sea exacto afirmar que los peligros para el medio ambiente y la salud por utilización de agrotóxicos resulten de público y notorio conocimiento", sostuvieron, según informó Diario Judicial.
