Introducción
Los efectos de las malezas en la producción de los cultivos son reconocidos ancestralmente, desde tiempos bíblicos e influyen en muchas decisiones del sector agrícola, ya sea directa o indirectamente[1]. Si no se controlan, pueden reducir la producción mundial de alimentos entre 20 y 40%.Durante siglos y hasta décadas recientes, las malezas sólo pudieron ser eliminadas manualmente y una gran parte de la población se empleaba en el campo con ese propósito. A mediados de siglo XVIII, en una agricultura aún poco tecnificada, el trabajo de cuatro trabajadores agrícolas alimentaba a cinco personas. Ya en 1930, con el inicio de la primera revolución verde, un trabajador agrícola podía alimentar a 10 personas. En la actualidad, los elevados niveles de productvidad son fruto del trabajo de tan sólo el 2% de la población. Y junto a los extraordinarios aportes de la genética, la biotecnología y la ecofisiología, los herbicidas han contribuido en gran medida a reducir el requerimiento de mano de obra de la agricultura. Más del 90% del área cultivada en los EE.UU., Europa, Japón y Australia (entre otros países), se trata con herbicidas. Se calcula que sólo en EE.UU, el uso de herbicidas en los cultivos de trigo, maíz y soja, reemplaza a 7,2 millones de trabajadores. La investigación y el desarrollo tecnológico que supuso el descubrimiento y síntesis de plaguicidas a partir de la década de 1940, comprende en la actualidad un mercado cercano a los 70.000 millones de U$ (2/3, herbicidas).
El Manejo Integrado
La masiva utilización de plaguicidas para el control de las plagas de la agricultura, tuvo éxitos iniciales contundentes. Sin embargo, en pocos años surgieron efectos “colaterales” (intoxicaciones, selección de resistencia e impactos ambientales, entre otros) y que impulsaron el nacimiento de un enfoque con fuerte contenido teórico, tendiente a su utilización más racional: el “manejo integrado de plagas, MIP[2]. El enfoque de MIP paulatinamente se amplió a las restantes “adversidades”. A pesar de haber transcurrido 50 años desde la introducción del concepto de MIP, aún hoy varios factores impiden su adopción masiva. En primer lugar porque la estrategia de MIP requiere de un grado de desarrollo de conocimientos muy elevado y en segundo término, porque tanto tecnólogos como agricultores son esencialmente “conservadores por naturaleza e innovadores por necesidad” y frecuentemente no están preparados para enfrentar el riesgo que significa la aplicación del MIP: en la mayoría de las situaciones, el paradigma del MIP se lo percibe enfrentado al paradigma del beneficio económico, cuando deberían transitar el mismo camino.
Las restricciones comentadas para el MIP, aplican en mayor medida para el caso del “Manejo Integrado de Malezas” (MIM), en primera instancia, porque el aporte de la teoría ecológica al manejo de las poblaciones de las diversas especies que componen la flora espontánea de un cultivo, no ha provisto aún de suficiente conocimiento aplicado; en segundo término porque los riesgos de pérdidas de rendimiento (por competencia, trastornos de cosecha, etc.) pueden llegar a ser mas elevados que los que pueden ocasionar la mayoría de otras adversidades; en tercer lugar, porque las plantas, a diferencia de las otras adversidades dejan descendencia persistente conformando un “banco de semillas” en el suelo que garantiza las infestaciones futuras; y en cuarto término, porque durante las tres últimas décadas el “manejo de malezas” se limitó casi exclusivamente a la táctica química, es decir el uso de herbicidas, relegándose[3] otras tácticas de manejo, algunas utilizadas desde los albores de la agricultura.
El caso paradigmático de una visión muy limitada de “manejo de malezas” es el del ubicuo glifosato y su contrapartes, los cultivos genéticamente modificados para resistir a este herbicida (RR). El glifosato es un excelente herbicida, no selectivo y sistémico y con un espectro de control muy amplio. Desarrollado a principios de la década de 1970, su uso ha crecido exponencialmente en estos últimos 35 años, tanto en Argentina como en muchos otros del mundo, contribuyendo al perfeccionamiento y difusión masiva de la tecnología de “siembra directa” en varios países, liderados por la Argentina[4]. Este resonante éxito instaló la pueril convicción que el problema de manejo de malezas (que era precisamente una de las principales restricciones a la adopción de la siembra directa) se limitaba a la buena aplicación de este herbicida, a veces combinado con un puñado de otros principios activos.
Las consecuencias de la aplicación sistemática de una fórmula extremadamente simplificada (siembra directa + glifosato + soja RR) sobre una flora espontánea muy resiliente, modelada por una presión de selección de 11.000 años, no tardaron en surgir: en primera instancia, ocurrió una selección de especies adaptadas a la ausencia de labranza y más tarde y paulatinamente, la de especies “tolerantes”. En último grado, se seleccionaron biotipos resistentes al herbicida. Estos cambios, fueron estudiados en Australia, EE.UU y Argentina, entre otros países. Las consecuencias negativas de una sistemática aplicación de fórmulas de manejo ultrasimplificadas son muy evidentes no sólo en el plano biológico, sino en el económico-financiero: los costos de producción de soja en la Argentina han aumentado en los últimos años entre 121 y 180 U$ /ha, dependiendo de las regiones. Derivan de la necesidad de aumentar las dosis de glifosato para controlar el aumento de frecuencia de especies menos sensibles o “tolerantes” y/o de la pulverización de otros herbicidas más costosos en las especies que exhiben resistencia. Conviene señalar que en muchos casos la selección de resistencia al glifosato muestra inquietantes mecanismos, no asociados al sitio de acción (Non Target Site of Action= NTS) que son más difíciles de estudiar, predecir y manejar.
La ausencia de un manejo racional de malezas, exclusivamente basada en el uso continuo de herbicidas, tiene expresiones evidentes en todo el mundo: ya se han registrado unas 500 especies que exhiben resistencia a uno o más modos de acción, siendo Lolium rigidum el caso paradigmático en Australia, que resiste 9 Modos diferentes. Los efectos de la utilización masiva del glifosato y de otros herbicidas en las últimas décadas, no invalidan el hecho que los mismos continúan siendo herramientas muy eficaces para enfrentar los desafíos que imponen las malezas a la agricultura[5]. Lo inadmisible y en vista de lo ocurrido, es que no es posible que se continúe utilizando en forma tan displiscente a la formidable herramienta tecnológica que significan los herbicidas, que permiten un control selectivo y eficaz de malezas en barbechos y en cultivos que natural o por modificaciones genéticas los resisten y que son fruto de un proceso de investigación científica y tecnológica que requiere de muchos años y de ingentes recursos financieros. Porque debe preservarse su capacidad para continuar funcionando para el propósito para el cual fueron creados y porque además su utilización no tiene solamente consecuencias agronómicas, sino también económicas, ambientales y en la salud, tanto productores agropecuarios como gestores y asesores deben asumir una posición mucho más responsable y proactiva…o es que veremos próximamente fitotoxicidad producida por la deriva de herbicidas hormonales pulverizados en cultivares transgénicos con tolerancia / resistencia a 2,4-D y Dicamba?.
Los plaguicidas y la salud
Los debates relacionados con los riesgos que plantean el uso de plaguicidas son una clara manifestación que la sociedad tiene cada vez más preocupación por sus efectos en la salud, en la calidad de los alimentos y en el ambiente. Asistimos por una parte a una oferta de información gigantesca, a veces errónea o sesgada y por el otro, a una ausencia y/o falta de control y desapego a normas y regulaciones, muchas de ellas probablemente desactualizadas, otras pobremente diseñadas. En los párrafos siguientes se intenta brindar precisiones, fuentes de información y conocimientos recientes sobre esta temática.
Los plaguicidas son peligrosos. La exposición a los plaguicidas puede ocurrir en quienes trabajan en el campo, en invernaderos, en la industria, el almacenaje y en su comercialización y también en quienes controlan plagas hogareñas. Son los operarios que mezclan, cargan, transportan y aplican plaguicidas quienes se considera que tienen la mayor probabilidad de exposición debido a la naturaleza de su trabajo y por lo tanto tienen el mayor riesgo de sufrir intoxicaciones agudas. En algunas situaciones, la exposición a plaguicidas puede ocurrir por derrames accidentales, fugas, o equipos de pulverización defectuosos. La exposición aumenta cuando se ignora o se hace caso omiso de las instrucciones sobre cómo usar y manipularlos, particularmente cuando no se implementan las pautas básicas de seguridad en el uso de equipo de protección personal y se omiten prácticas tan sencillas pero fundamentales, como lavarse las manos después de su uso y/o antes de comer. El uso adecuado y mantenimiento de la ropa y equipamiento de protección, también son muy importantes para evitar exposición a los plaguicidas. Y también influye la frecuencia y duración de la manipulación y uso de los plaguicidas, tanto desde una perspectiva estacional como anual.
Los productos químicos adyuvantes utilizados en las formulaciones de plaguicidas para aumentar su eficacia biológica, pueden por sí mismos ser tóxicos. Y las condiciones climáticas en el momento de la aplicación, pueden afectar la volatilidad o deriva del producto. La cantidad de plaguicida que se pierde del área objetivo y la distancia que mueve al plaguicida fuera del area pulverizada (deriva) aumenta a medida que la velocidad del viento aumenta, la humedad relativa desciende y la temperatura se incrementa, interaccionando además con el tipo de formulación y las características del pulverizado (fundamentalmente el tamaño de las gotas). Los fundamentos técnicos relacionados con la deriva y la exposición no suelen constituir el centro de los fuertes debates y decisiones que han definido “zonas de exclusión” a las pulverizaciones en áreas periurbanas: urge en este caso la construcción de normas basadas en el conocimiento ya aplicadas en muchos países: no hay nada que inventar.
El mal manejo y/o la falta de cumplimiento de las instrucciones contenidas en los marbetes, son fuentes frecuentes de exposición e intoxicación.
Los estudios toxicológicos realizados con diversos animales de laboratorio siguiendo protocolos estrictos pueden demostrar la existencia de vínculos claros entre un plaguicida y sus efectos sobre la salud. Sin embargo, la evaluación de riesgos de los plaguicidas en la salud no es un proceso fácil ni particularmente preciso, debido fundamentalmente a diferencias en los períodos y niveles de exposición, al tipo y toxicidad del plaguicida, a las mezclas utilizadas en el campo y a las características geográficas y meteorológicas de las zonas agrícolas en donde se los aplican. En los últimos años esta temática ha adquirido singular relevancia y ha desatado grandes controversias, especialmente en relación con el glifosato[6]. Para aportar precisiones, se ha iniciado recientemente un proyecto a tres años de gran envergadura en el prestigioso Instituto Ramazzini (Bolonia), una entidad sin fines de lucro independiente de organismos gubernamentales y de empresas. Se estudiarán los posibles efectos del glifosato en la reproducción y como agente neurotóxico y carcinogenético.
El registro de plaguicidas y su toxicidad
El registro de plaguicidas es un proceso legal, administrativo y científico, en el que se evalúa una amplia variedad de efectos asociados con su uso y el efecto potencial sobre la salud y el medio ambiente. Es un paso importante en la gestión de plaguicidas y garantiza que el interés de los usuarios finales y el medio ambiente están bien protegidos. Conviene puntualizar que el proceso de registro se limita a la suposición de que los plaguicidas sólo se utilizan para la función prevista y que dicho uso no promueve efectos no razonables ni en la salud humana ni en el medio ambiente. En la UE y con formatos parecidos en el país, antes y durante el registro de un plaguicida ocurren las siguientes etapas: 1) Investigación y desarrollo realizado por el fabricante un proceso que toma varios años, tanto para el principio activo como para sus formulaciones; 2) Presentación de un informe con datos; 3) Revisión de datos por la autoridad de registro; 4) Decisión sobre la base de los informes presentados. La autoridad puede autorizar o denegar el registro.
Todas las etapas del proceso son transparentes, utilizándose documentos y estudios científicos publicados. Los criterios de evaluación son crecientemente estrictos y es por ello que los plaguicidas más “viejos” están siendo revisados de manera que cumplan los estándares científicos y regulatorios actuales. El proceso de re-registro, considera los efectos de pesticidas sobre la salud humana y ecológica en la actualidad y genera recomendaciones tendientes a reducir los riesgos. Si la evaluación del riesgo, indica una alta probabilidad de peligro por ej. a la fauna silvestre o fitotoxicidad para plantas no objetivo, se solicitan pruebas experimentales y/o datos adicionales, agregándose restricciones de uso y aplicación que eventualmente pueden conducir a prohibición de uso. Desde 1993, en Europa se han prohibido 704 sustancias activas (26% insecticidas, 23% herbicidas y 17% fungicidas). En EE. UU, la Agencia de Protección ambiental (EPA) ha tomado recientemente varias decisiones de re-registro de varios plaguicidas, además de reevaluar las tolerancias, lo cual ha mejorado sensiblemente la seguridad alimentaria. En el caso del glifosato, si bien la UE ha extendido recientemente el permiso de utilización en 5 años en áreas agrícolas, su uso en áreas urbanas, amenities, parques y plazas, escuelas y otros sitios utilizados por niños y público en general, está prohibido en Francia, Inglaterra y otros países.
En Europa, la solicitud de autorización de comercialización debe contener la siguiente información relacionada con la toxicidad: a) toxicidad aguda, b) toxicidad sub-crónica o subaguda, c) toxicidad crónica, d) carcinogenicidad, e) genotoxicidad, f) teratogenicidad, g) irritación. En el caso de la EPA la información requerida debe incluir: a) toxicidad aguda, b) irritación ocular, c) irritación de la piel, d) sensibilización de la piel, e) neurotoxicidad, f) toxicidad subcrónica, g) toxicidad crónica, h) desarrollo y reproductivas, i) mutagenicidad, j) alteración hormonal. El dato más utilizado para caracterizar la toxicidad de un plaguicida es la LD50, que refiere a la toxicidad aguda. Tanto en Europa como en la mayoría de los países, se utiliza el sistema de Clasificación de Productos químicos de la OMS (= Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas), que propone cinco categorías (Ia, Ib, II, III y IV, asociadas a un rango de LD50 < 5 y > 5000 mg/kg de peso). También interesan los efectos de largo plazo (toxicidad crónica) y su contraparte, el Nivel de Efecto Adverso No Observado (= NOAEL) que se utiliza para calcular la ingesta diaria aceptable (IDA) para humanos. La IDA está definida como la cantidad de producto químico que puede ser consumido todos los días durante toda la vida sin que se produzca ningún daño, al que se le aplica un factor de seguridad, con el propósito de superar diferencias de resultados entre experimentos, atribuibles al uso de diferentes tipos de animales de experimentación y/o a la variabilidad interindividual. La Agencia Alimentaria Europea (EFSA) ha establecido recientemente nuevos límites para glifosato, con un factor de seguridad de 100 x.
Cabe señalar que la toxicidad es una propiedad de la substancia y el riesgo está relacionado con el uso de esa sustancia. El riesgo refiere a la probabilidad y magnitud de efectos adversos que el uso de una substancia puede ocasionar y depende no sólo de la toxicidad intrínseca de la sustancia, sino también de los patrones y condiciones de utilización de la misma.
Por otra parte, es el enfoque epidemiológico, que está aplicándose en años recientes, el que permite evaluar con mayor certeza y amplitud los efectos de pesticidas y sus riesgos, ya que los estudios se realizan sistemáticamente a través del tiempo en “cohortes” o grupos etarios de personas expuestas durante varios años a actividades relacionadas con el uso de plaguicidas en la agricultura (por ej. operarios de pulverizadoras).
Determinación del impacto ambiental y de riesgos sobre la salud: dos índices
Nos referimos seguidamente a dos métodos que permiten calcular los riesgos de los plaguicidas, el Cociente de Impacto Ambiental “, EIQ y el “Cociente de riesgo”. El “EIQ (= Environmental Index Quotient) incluye cálculos de riesgos para el agricultor, para el consumidor y para el ecosistema[7], que están tabulados. Es un índice adimensional, pero cuanto mayor es su valor, más “perjudicial” es el principio activo, alcanzando valores de 8 a 47.96. Por ejemplo, para glifosato es 15.33, para imazetapyr 19.57, para trifluralina 18.83 y para atrazina 22.85. Para analizar la “Carga ambiental”, el valor del EIQ del principio activo se multiplica por la cantidad o dosis utilizada por hectárea, lo cual permite comparar la “Carga” de distintas estrategias, ya sea durante el ciclo de diferentes cultivos o a lo largo de varias secuencias.[8] Datos de la evolución de uso de herbicidas en soja en EE.UU revelan que como consecuencia de la introducción de cultivares RR, durante el periodo 1996-2005, la carga ambiental fue sólo el 29% del promedio de los años anteriores a 1996, porque los herbicidas utilizados en cultivares de soja no RR (trifluralina, imazetapyr, metribuzin, difeniléteres, etc.) poseen en general un EIQ más elevado, generando una Carga ambiental más alta. Similar panorama se observa en Argentina, ya que a partir de 2006 (como consecuencia de la creciente selección de malezas tolerantes y luego resistentes) tanto EIQ como Carga ambiental vuelven a aumentar, debido al mayor uso de glifosato y/o al reeemplazo de éste por otros herbicidas eficaces. En nuestro país, la cantidad de ingrediente activo utilizados en cultivos de soja RR en 2011 respecto de 2010 aumentó de 2.68 a 3.02 kg / ha y el EIQ se elevó de 41.38 a 47.
El Cociente de Riesgo (= Risk Quotient) es una novedosa aproximación (Kniss, 2017), que permite comparar la toxicidad relativa de plaguicidas a lo largo del tiempo: utiliza la toxicidad aguda y la crónica como indicador de su peligrosidad y la cantidad aplicada como estimador de la exposición. Se cuestiona la cuatificacion del impacto de los plaguicidas en base a la cantidad utilizada, porque cada uno de ellos tiene diferentes dosis de uso y perfiles de toxicidad / bioactividad disímiles; “el sólo dato de “peso” de plaguicida aplicado conduce a conclusiones dudosas y/o engañosas, para nada indicativas del riesgo de aplicadores y/o el medio ambiente”[9],[10] En segundo término se calcula la toxicidad relativa de cada uno de ellos (Riesgo de Toxicidad aguda =(HQa) y riesgo de toxicidad crónica (=HQc).[11]. En el periodo de 25 años hay una tendencia constante y lineal de aumento significativo del número de tratamientos área x herbicida en todos los cultivos, excepto en soja, donde hubo una disminución sostenida entre 1994 y 2005 y luego un marcado aumento entre 2005 y 2015, tal y cual lo expuesto en párrafos precedentes para EE.UU y Argentina (Fig. 1). Otro hecho significativo es que la toxicidad aguda y la crónica variaron ampliamente entre los 118 principios activos, pero no hubo correlación estadísticamente significativa entre ellos. Respecto del riesgo, los resultados indican que el cociente de riesgo crónico aumentó 7% en el maíz, atrazina explicó gran proporción del mismo durante la década de 1990 y sólo dos herbicidas (atrazina y mesotrione) fueron responsables del 88% del cociente de riesgo crónico en 2014.
La toxicidad disminuyó 88% en maíz, en gran medida por la eliminación gradual de alaclor y cianazina. En soja, la toxicidad crónica y aguda de los herbicidas utilizados entre 1990 y 2015 disminuyó 78% y 68%, respectivamente; en gran medida debido a la reducción en el uso de linurón y de alaclor, respectivamente (Figuras 2 y 3). En 2015, el paraquat fue responsable del 25% del cociente de riesgo agudo en soja. En 2005, pico de uso de glifosato en soja (76% de todos los tratamientos/área) este herbicida supuso sólo 10 % de la toxicidad aguda, pero el 75% de la toxicidad crónica. En 2015 glifosato supuso 26% y 43% del area x tratamiento de maíz y soja, respectivamente.
Plaguicidas y ambiente
Los plaguicidas pueden ocasionar efectos adversos en el medio ambiente. Su uso inapropiado está relacionado con: 1) efectos adversos en organismos no objetivo (reducción de poblaciones de especies benéficas), 2) contaminación del agua por plaguicidas móviles o por deriva, 3) daños en plantas no objetivo por deriva, 4) daños en cultivos siguientes en la rotación por persistencia / residualidad, 5) daños a cultivos debido a dosis inapropiadas, momento de aplicación incorrecto o condiciones ambientales desfavorables durante y/o después de la aplicación. Los efectos adversos de los plaguicidas en el medio ambiente dependen de interacciones entre sus propiedades fisicoquímicas (presión de vapor, estabilidad, solubilidad, pKa), su adsorción a los coloides (Kd) y las características y propiedades del suelo (pH, componentes orgánicos), la humedad disponible, la microflora y la fauna, las especies vegetales presentes y las variables del clima, especialmente precipitación y temperatura. Todos estos factores afectan el “destino” del plaguicida en el medio ambiente y por consiguiente, la actividad, la selectividad y los efectos adversos que puede causar. Dada la gran magnitud de variación entre sitios y años, los resultados de cualquier estudio de campo son sólo válidos para una localización y una estación en particular. El “destino” de un plaguicida se puede estudiar en base a su “Concentración ambiental prevista” (PEC, en Europa) o su “Concentración ambiental estimada” (EEC en EE.UU.) para distintos “compartimentos” (suelo, agua, sedimentos y aire). En la UE también se aplica un modelo normalizado, desarrollado en Holanda (EUSES- Knecht, J.de, 2017) para todas las substancias que tienen como destino el ambiente. En la Argentina, a nivel local o regional, se han aplicado diferentes modelos (GUS, IPEST, Indice Relativo de Pesticidas, etc.), que permiten alertar sobre las consecuencias ambientales del uso de los plaguicidas en la agricultura.
Epílogo
En la mayoría de los ecosistemas, el incremento exponencial de la producción agrícola ha ocurrido en detrimento del medio ambiente, esencialmente caracterizado por disminución de la biodiversidad, del almacenamiento de carbono y de la fertilidad del suelo, entre otros. De hecho, la agricultura mundial ya ha convertido el 70% de los pastizales, el 50% de las sabanas, el 45% del bosque caducifolio y el 27% del bioma del bosque tropical. El desafío mundial que implica el logro de seguridad alimentaria en un marco de sostenibilidad ambiental, requiere de los sistemas agrícolas una profunda transformación: hacia el 2050, el suministro de alimentos debe duplicarse[12], sin ulteriores aumentos en el area cultivada, ya en el máximo. Esta meta debe alcanzarse en el marco de una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de mantenimiento de la biodiversidad y de una reducción tanto del consumo de agua dulce como de la contaminación de suelos y aguas. Es sin duda alguna, un desafío formidable que requiere de enfoques revolucionarios. Como primera aproximación, el diseño de soluciones no debiera basarse en paradigmas fundamentalistas y excluyentes o antinómicos[13] (agricultura convencional / biotecnología / agricultura orgánica), sino integrando a todos ellos. Los sistemas agrícolas del futuro, sucesivamente mejorados gracias al aporte de ciencias básicas y aplicadas en todo el rango de niveles de organización (del genoma al ecosistema) también deben entregar más valor humano con el menor daño ambiental posible. Un modelo inicial a seguir, es el de la UE (“Estrategia Temática sobre el Uso Sostenible de Plaguicidas”) y que impulsa líneas de investigación en sistemas de manejo de cultivos que permitan minimizar los efectos de una agricultura basada exclusivamente en el uso de plaguicidas, en el marco de una “Gestión Integrada de Cultivos” = ICM. En Argentina y otros países las denominadas “Buenas Prácticas Agrícolas”, BPA constituyen un umbral mínimo y hace falta mucho más, aunque son sin duda un buen comienzo.
[1] Antes de la disponibilidad de herbicidas eficaces para el control de sorgo de alepo y gramón, el valor de los campos en el area pampeana era significativamente menor si estaban invadidos por estas especies. La necesidad de realizar controles mecánicos durante el verano (única táctica disponible) significaba serias restricciones para la planificación de la secuencia de cultivos, además de causar serios deterioros de los suelos.
[2] MIP, según Kogan, es un sistema de apoyo a la toma de decisiones para la selección de tácticas –individuales o múltiples- para el control de plagas, que se coordinan armoniosamente en una estrategia de manejo que en último grado tiene en cuenta el análisis de costo/beneficio y que además considera los intereses y los impactos entre productores, sociedad y ambiente.
[3] Al menos en la región pampeana ampliada de la Argentina, en cultivos extensivos.
[4] La aparición del glifosato para su uso en una primera etapa durante los barbechos y la presiembra de soja hacia finales de la década de 1970 fue el precedente de la expansión exponencial de este cultivo. A partir de la aprobación de cultivares RR en 1996, en sólo 8 años la soja genéticamente modificada (RR) representaba prácticamente el 100% de la superficie cultivada, que además se había ampliado considerablemente; una tasa de adopción de una magnitud que no tiene precedentes.
[5] “Ya sea que uno los quiera o los deplore, no pueden ser ignorados” (Zimdahl)
[6] La reciente resolución de la UE extendiendo el permiso de uso a glifosato por 5 años luego de un periodo caracterizado por presiones, referencias a cientos de estudios y opiniones muy intensas, no debe dejar de significar un alerta para los productores de la Argentina, porque este nuevo periodo estará caracterizado por el aumento de las regulaciones y restricciones de uso y controles precisos e intensos de los niveles de residuos en los granos que ingresan al continente.
[7] Kniss y Coburn (2015) cuestionan la fiabilidad del EIQ para el caso de los herbicidas, argumentando que en algunos parámetros los valores asignados no se basan en ningun dato cuantitativo, produciendo estimaciones erróneas.
[8] También pueden sumarse insecticidas y fungicidas, calculándose así la carga ambiental total
(https://geneva.cals.cornell.edu/ipm/EIQCalc/index.php?cat=)
[9] La Academia Nacional de Ciencias de EE.UU desalienta estudios que comparen el volumen o peso de herbicidas utilizados.
[10] Este criterio puede ser ilustrado con la resolución de los gobiernos de los países de Suecia y Dinamarca en la década del 1990, consistente en una reducción obligatoria del 50 % del volumen de plaguicidas.
[11] Utilizando la base datos de principios activos (USDA-NASS), se calcularon los tratamientos de área/herbicida (definidos como el número de veces que se aplicó un herbicida a un determinado lote) para cada cultivo y dos índices: a) Indice de Toxicidad Relativa Aguda (HQa) que resulta de dividir la sumatoria de i.a aplicado para cada principio activo (mg) por su toxicidad aguda (DL50 – mg/kg) y b) Indice de Toxicidad Relativa Crónica (HQc) que utiliza el mismo numerador, pero lo divide por la NOAEL (mg/kg/dia).
[12] Y además cada persona ha aumentado el 10% su consumo debido a modificaciones en la dieta.
[13] En la mayoría de los sistemas de producción aún no utiliza la excepcional base de conocimientos que provee la ecología de poblaciones vegetales, una disciplina limitadamente abordada en los programas de estudios agronómicos y brillantemente compendiada por J.Harper hace más de 40 años. “Agroecologistas” y “Productivistas” tienen en muchos más puntos en común que divergentes. Si los primeros aceptasen los extraordinarios aportes del positivismo al progreso de las ciencias agrícolas y los segundos aplicaran en mayor medida los principios de la ecología de poblaciones en los complejos sistemas de producción, aportarían significativamente al diseño de nuevos sistemas, que claramente requieren de un insumo alejado de modelos simples y reduccionistas: el conocimiento.
BIBLIOGRAFÍA
Alvarez, R; Steinbach, H.S. 2009. A review of the effect of tillage systems on some soil physical properties, water content, nitrate availability and crops yield in the Argentine Pampas. Soil & Tillage Research 104, 1-15. 65.
Benbrook, C. 2012. Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the US – the first sixteen years. Environmental Sciences Europe 24, 24-24.
Bonny, S. 2011. Herbicide-tolerant transgenic soybean over 15 years of cultivation: pesticide use, weed resistance and some economic issues. The case of the US. Sustainability 3, 1302-1322.
Cuhra, M; Bøhn, T and Cuhra, P. 2016. Glyphosate: Too Much of a Good Thing? Front. Environ. Sci. 4:28.
Dalgaard T., Hutchings N.J., Porter J.R. 2003. Agroecology, scaling and interdisciplinarity, Agr. Ecosyst. Environ. 100, 39–51.
Damalas, C; A. Elefterohorinos, I.G. 2011. Pesticide Exposure, Safety Issues, and Risk Assessment Indicators. International Journal of Environmental Research and Public Health 2011. 8(5): 1402-1419.
Foley, J.A; Ramankutty, N; Brauman, K.A; Cassidy, E.S; Gerber, J.S; Johnston, M; Mueller, N.D; O’Connell,C; Ray, D.K; West, P.C; Balzer, C; Bennet, E.M; Carpenter, S.R; Hill, J; Monfreda, Ch; Polasky, S; Rockstro J.;Sheehan, J; Siebert, S; Tilman, D; Zaks, D.M. 2011. Solutions for a cultivated planet. Nature 1.00.00.
Francis, C; Lieblein, G; Gliessman, S; Breland, T.A; Creamer, N; Harwood; Salomonsson, L; Helenius,J; Ricker, D; Salvador,.R; Wiedenhoeft, M; Simmons, S; Allen,P; Altieri, M; Flora,C;Poincelot, R.2003. Agroecology: The ecology of food systems, Journal of Sustainable Agriculture. 22, 99–118.
Harper, J.L. 1979. Population Biology of Plants. Academic Press. 890 pp.
Holland, J.M.2004. The environmental consequences of adopting conservation tillage in Europe: reviewing the evidence. Agriculture Ecosystems & Environment 130, 1-25. 62.
Hoy, J; Swanson, N; Seneff, S. 2015. The High Cost of Pesticides: Human and Animal Diseases. Poultry, Fish and Wildlife Science.
Hoyos, L, E et al. 2013. Deforestation and precipitation patterns in the arid Chaco forests of central Argentina. Applied Vegetation Science 16, 260-271.
Kniss, A.R. 2017.Long-term trends in the intensity and relative toxicity of herbicide use. Nature Communications.
Kniss, A.R: Coburn, C. W. 2015. Quantitative Evaluation of the Environmental Impact Quotient (EIQ) for Comparing Herbicides. PLoSONE10 (6).
Kovach, J; Petzoldt, C; Degni, J. and Tette, J. 1992. A method to measure the environmental impact of pesticides. New York’s Food and Life Sciences Bulletin 139:1–8.
March, G; Oddino, C.M y Marinelli, A.D. 2010.Manejo de enfermedades de los cultivos según parámetros epidemiológicos. INTA-UNRC. 193 pp.
Matthews, G.A. 2000. Pesticides: Health, Safety and the Environment; Blackwell Publishing. Oxford, UK.
Mc Dougall, P.2011. The cost and time involved in the discovery, development and authorisation of a new plant biotechnology derived trait. Crop Life International.
Montoya, J y Porfiri, C. 2014. Efectos ambientales de los herbicidas. En: Malezas e Invasoras de la Argentina. O.A Fernández, E.S.Leguizamón; H.A.Acciaresi (Eds). Tomo I: Ecologia y Manejo. Pág 449-479. Editorial Universidad Nacional del Sur.
Myers, J.P; Antoniou, M.N; Blumberg, B; Carroll, L; Colborn, T; Everett, L.G; Hansen, M; Landrigan, P.J; Lamphear, B.P; Mesnage, R; Vanderberg, L.N; vom Saal, F.S; Welshons, V, W; Benbrook, C.M. 2013. Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks associated with exposures: a consensus statement. Environmental Health 15:19.
Oerke, E. C. 2006 Crop losses to pests. Journal of Agricultural Science 144, 31-43.
Penna, J.A; Lema, D. 2002. Adoption of herbicide resistant soybeans in Argentina: an economic analysis. In: The Economic and Environmental Impacts of Agbiotech, Springer US, pp 203-221.
Ramazzini Institute: launchs a crowfunding appeal: http://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/17933-ramazzini-institute-launches-crowdfunding-appeal-for-long-term-glyphosate-roundup-study
Sabagh, C; de Menthiere, N. 2005. Pesticide, Agriculture and the environment. Collective Scientific Report. INRA-Cemagref. 64 p
Stephenson, G.R. 2000. Pesticide Use and World Food Production: Risks and Benefits. Proc. 2000 National Meeting, Expert Committee on Weeds. Available at http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.7024&rep=rep1&type=pdf#page=16
Stern, V.M Smith, R.F; van den Bosch y Hagen, K.S. 1959. The integrated control concept. Hilgardia 29: 81-101.
Stevenson, J.R, 2013. Green revolution research saved an estimated 18 to 27 million hectares from being brought into agricultural production. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA.
Tarazona, J.V; Court-Marques, D; Tiramani, M; Reich, H; Pfeil, R. Crivellente, F. 2017. Glyphosate toxicity and carcinogenicity: a review of the scientific basis of the European Union assessment and its differences with IARC. Arch Toxicology 91:2723–2743.
VIB.2016. Effects of genetically modified crops in the environment. VIB Rijvisschestraat Ghent Belgium. Fact Series.
Wezel, A; Bellon, S; Dóre, T; Francis, C; Vallod, D; David, C. 2009. Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. Agronomy and Sustainable Development 1-13.
